Tegucigalpa.- una reedición de crímenes de personas afines a
la Comunicación Social y el caso del periodista Herlyn Espinal, trae al debate
nuevamente la discusión de la ley de protección a periodistas, comunicadores
sociales, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
Solo en el mes de junio, dos
locutores fueron asesinados en el departamento de Olancho y un comunicador
rural fue también objeto de una muerte violenta en la región de Dulce Nombre de
Copán. Los primeros en la región nororiental del país y el segundo en la zona
occidental.
Los dos locutores fueron Óscar
Anthony Torres y Luís Alfonso Fúnez, en tanto el comunicador rural se
identificó como Hernán Cruz Barnica. De sus crímenes poco o nada se sabe, solo
que las autoridades “investigan”.
Se suma a estos crímenes, el
brutal asesinato del periodista televisivo Herlyn Espinal, por causas aún
desconocidas pero que según las autoridades fiscales y policiales, ya “casi”
resuelven en un 98 por ciento.
De otro lado, la organización
francesa Reporteros sin Fronteras ha llamado la atención por el proceso de
“sedición” que se lleva contra una comunicadora rural, corresponsal de Radio
Progreso, la emisora de la Compañía de Jesús de la Iglesia Católica. Ella es
Albertina Manueles Pérez y se le acusa, al parecer, por dar voz a los
protagonistas de un conflicto indígena en occidente.
Reporteros sin Fronteras
también ha llamado la atención por las amenazas, que asegura, tiene su
corresponsal en Honduras, la periodista Dina Meza, que estaría recibiendo
amenazas de sectores que se esconden en el anonimato.
En medio de este barullo,
finalmente la ley de protección a periodistas, comunicadores sociales,
defensores humanitarios y operadores de justicia llegó al congreso y ha pasado
sus dos primeros debates.
La iniciativa legislativa,
consta de 73 artículos, y contempla entre sus novedades la creación de un
Consejo Nacional de Protección y dos unidades técnicas sobre recepción de
casos, evaluación de riesgos y reacción inmediata, así como de prevención,
seguimiento y análisis de casos.
La cámara legislativa comenzó,
antes de aprobar el último debate, los alcances y propósitos de la ley con
algunos sectores involucrados. De lo que vi en la transmisión de esa sesión por
el Canal 20 del Congreso, los asistentes pidieron más tiempo para socializar a
fin de no aprobarla a la carrera, por la coyuntura y por el compromiso suscrito
por el gobierno con la OEA.
Muchos de los que estaban
allí también mostraron que poco o nada
conocen de esta propuesta de ley que se supone había sido ampliamente debatida
por el anterior gobierno. Con las escasas excepciones que se centraron en
mostrar algunas debilidades de la ley, el resto aún no parece entender el
alcance de un defensor de los derechos humanos, el rol de los operadores de
justicia y el trabajo de la prensa y los afines a la comunicación social.
Pero todos, sin excepción,
fueron conscientes que la norma no fuera precisa si en Honduras se respetaran
los derechos humanos y el Estado de Derecho. Son conscientes que aquí, ser
defensor humanitario, ser periodista o comunicador social y ser un operador de
justicia, implica un trabajo de alto riesgo; uno con mayor o menor intensidad
que otros.
La ley tiene entre sus
debilidades, la creación de engorrosos pasillos burocráticos que cuando se
emita una alerta o se tome la decisión de dar protección a una persona
amenazada, ésta probablemente ya no vivirá para contarlo. Que si una
dependencia le comunica a otra y que si esta otra analiza el riesgo con otros
terceros, son algunas de las burocracias de esta ley, muy lejos de lo que viven
a diario quienes profesan sus oficios en un país en riesgo.
En este sentido, se propuso
hacerla más expedita y menos engorrosa, pues en una de sus partes ni siquiera
se contempla que ante una simple amenaza o evidente intimidación, las
autoridades deben actuar de oficio, es decir, no esperar a que el afectado
llegue a poner la denuncia.
Los legisladores, unos que
repiten, y otros que ya van por su segundo o tercer período se muestran
anuentes a escuchar para intentar sacar una buena ley que no se vaya tan
extremo en el tiempo, pero que tampoco se apruebe sin obtener el necesario
debate.
Eso al menos es lo que se
percibe, pero como las sorpresas predominan en esta Honduras que duele, será el
tiempo quien dirá que tipo de guiso legislativo se nos ofrece.
En el caso de los periodistas
y comunicadores sociales se registran unas 43 muertes violentas de 2003 a la
fecha. Honduras es después de México, uno de los países más riesgosos para ejercer
la profesión en el continente americano, según organismos internacionales de
libertad de expresión.
Pero al margen de la
aprobación o no de la ley, expedita o ampliamente consensuada, los últimos
crímenes contra los periodistas y afines a la comunicación social necesitan
voluntad política para resolverse, más allá de ese “casi” 98 por ciento que
dicen tienen resuelto. Démosle el beneficio de la duda.
