Retomando mis actividades, tras una pausa obligada, sorprende ver cómo se ha
movido el país en un mes, con graves denuncias de corrupción en Salud y las
ganancias de empresarios inescrupulosos a costa de la vida de miles de
hondureños, el repunte de la inseguridad, el contraataque de los
extraditables, el avance por el control de la institucionalidad por el partido
en el poder y la feria judicial de sobreseimientos a personajes públicos, en
contraste con el hondureño preso por robarse un perico.
Y en esta
maraña de cosas y problemas, la campaña electoral se calienta y la clase
política empieza a buscar culpables de la crisis. Los políticos están como dice
aquella vieja canción ¿quién fue, quién fue; todo mundo sabe, pero yo no sé?
De lo político,
habrá tiempo para comentar el espectáculo. Los problemas arriba citados no solo
son preocupantes, son también estructurales, porque son permanentes.
En el área de
la Salud, el destape de la suspendida ministra Roxana Araujo puso en evidencia
un sucio jugo de corrupción a costa de la vida de las personas. Distribuir
medicamentos con heces fecales a los pacientes no tiene nombre, y quienes
autorizaron semejante crimen deben estar presos, pero las noticias nos dicen
que gozan de medidas sustitutivas camino a cartas de libertad. En tanto, la
Araujo fue sacada del juego.
En el tema de
la inseguridad, ésta ha sido tan ingrata que cuando en cadena nacional se
anunciaba la “disminución” de la violencia, una serie de ataques que
concluyeron en asesinatos y macabros hallazgos de cuerpos inertes, nos
recordaban a los hondureños que no se puede cantar victoria por pequeños que
sean los logros en un contexto del cual no se tiene un total dominio. ¿Quién
asesora al que gobierna?
A esas muertes
violentas y selectivas se suma nuevamente el clima de incertidumbre en que se
ha visto expuesta la prensa, que no sale de una batalla, para caer en otra,
esta vez personalizada con la figura del rapto y el silencio gubernamental. La
especulación corre por doquier.
Esto del lado
de las vivencias cotidianas, mientras en el ámbito jurídico otros movimientos
se detectan para retrasar procesos. Es el movimiento de los extraditables por
narcotráfico, crimen organizado y terrorismo, según la ley de extradición
vigente que permite llevar hondureños presuntamente ligados a estos crímenes a
Estados Unidos.
Mientras en
reportajes del capitalino diario La Tribuna, personeros del Departamento de
Estado de Estados Unidos en Washington anuncian que están listos para recibir a
los extraditables y mencionan listas de nombres que aquí nadie conoce, ni ellos
tampoco revelan, en los tribunales ya hay movimientos de impugnación a la ley de extradición.
Inicia así el
vericueto jurídico entre lo constitucional y lo inconstitucional, una vieja
táctica que se usó por buen tiempo en la Colombia del extinto Pablo Escobar
Gaviria. La justicia será puesta a prueba como un indicador que los presuntos
extraditables de Honduras están dispuestos a dar batalla por doquier.
Institucionalidad
que cada vez se debilita en función de la democracia, pero se fortalece en la
estrategia del partido en el poder por controlar toda la cadena de custodia de
los operadores de justicia, siendo el último el Ministerio Público o Fiscalía
del Estado.
En el caso de
este último, su agonía no empieza con la junta interventora nombrada por el congreso que ha logrado finalmente la
renuncia del fiscal general y su adjunto, a quienes les falló el cálculo
político y terminaron siendo abandonados por sus aliados y padrinos ante el
desastre de administración desnudada por los interventores, cuyo papel legal
también está en entredicho.
Esta enredadera
del Ministerio Público está ligada a la crisis institucional de esa dependencia
creada para representar al pueblo y acusar legalmente a los responsables del
abuso del Estado. Ello no ha sido posible pues cuando quiso levantar cabeza, la
clase política que avaló su existencia se encargó de debilitarlo al verse
amenazados hasta llegar a la historia que hoy se conoce. Ahora es que habrá una
“nueva ley” y quizá un “nuevo” Ministerio Público. Sepa usted.
Y dentro de esa
cadena de operadores de justicia, de los tribunales surgen las cartas de
libertad para quienes se han visto implicados en millonarias construcciones que
afectan a sectores gremiales, al sistema fiscal y a la salud. Medidas
sustitutivas van y vienen, mientras la prensa informa que inició la feria de los
supermercados con cartas de libertad. ¿Será por aquello del décimo cuarto mes
de salario en junio como todos los años?
Condenso así
los reportes de un mes de la prensa que en sus informes aún no nos cuenta si el
capitalino condenado por robarse un perico con todo y jaula, salió en libertad,
tiene medidas sustitutivas o sigue siendo ejemplo del modelo de “aplicación” de
justicia en Honduras. Muchas cosas en un mes.
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