Terminamos el
2012 con un sabor amargo por diversas razones, entre ellas las enormes filas de
empleados públicos pidiendo que les cancelaran sus garantías individuales de
tener derecho a un salario, quizá el retrato más doloroso para graficar el
fracaso de una administración gubernamental.
En paralelo, la
crisis en el poder judicial con el golpe técnico e institucional dado a la Sala
Constitucional por motivaciones políticas y no jurídicas, fue otro espejo del
autoritarismo al cual se encamina Honduras, lista para una demanda
internacional por violentar su institucionalidad y el Estado de Derecho. En
este tipo de violaciones, nuestras elites políticas ya han adquirido un buen
caparazón, donde una violación más no les hace cosquillas.
Nos siguen
exhibiendo como un país sin leyes, sin respeto y sin institucionalidad. Las
voces calificadas para alertar, son escasas, y otras mejor se acomodan a la
corriente oficialista de “dejar hacer, dejar pasar”. Puede más el cálculo que
el interés nacional y así es Honduras, llena de contrastes y ambigüedades. En
suma, nos siguen irrespetando.
Como se violó
hace tres años la Constitución
hondureña, que hoy se repita la historia, ¿a quién le asusta? La historia nos
indica que hemos sido un país que recién hace 30 años empezó a construir “algo”
de institucionalidad en su fragmentada historia de Nación independiente.
Basta leer un par
de escritos de principios del siglo pasado y repasar lo actual para darse
cuenta que estamos retrocediendo al primitivismo de antaño, a las montoneras
políticas y a la teoría del “Estado, soy yo”.
En el tema de la
(in)seguridad el crimen organizado sigue ganando la batalla. El holding en que
ha convertido su cartel el “Chapo” Guzmán se afianza en Honduras según
recientes investigaciones publicadas por la revista mexicana Proceso, en base a
investigaciones colombianas, estadounidenses y mexicanas.
Es el poder
emergente que cobra fuerza, mientras nuestros políticos se agarran de las
greñas, justifican sus acciones sin fundamento y caen en la irresponsabilidad
de acusar sin pruebas, porque la
corrupción está tan institucionalizada que las Gemínidas pueden resurgir aunque
no sea diciembre.
Por si esto fuera
poco, nos sacude el escándalo sexual en nuestra embajada en Colombia, la lápida
que hacía falta para coronar el despelote de este gobierno. Exhibidos por
violar la Constitución y los derechos humanos, ahora nos evidencian como “putos
irresponsables” en una nación donde las relaciones son estratégicas en materia
de seguridad y lucha contra las drogas.
La culpa no es
del destituido embajador ni del empleado de su confianza a quien colocó de
vigilante por las noches, violando los protocolos de la diplomacia. La
responsabilidad es de quienes dirigen la política exterior de Honduras,
encabezada por el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Y ello no tiene que
ver con quienes están al frente de esos cargos, que nos caigan bien o nos sean indiferentes,
todo lo contrario, es un asunto de Estado, una cuestión de País y por ende el señalamiento,
debe a mi juicio, ser oportuno. ¡No nos exhiban más!
Ese error pudo
evitarse si el país respetara la carrera del servicio diplomático y antes de
enviar a inexpertos a cargos delicados, los encerrara para darles unas clases
de relaciones internacionales, geopolítica, estrategia y otras tantas vainas
necesarias para que en sus hojas de vida no destaquen solo por los cursos de relaciones
humanas que adquieren, como se aprecia en algunos.
Pero la estrategia
oficial que se advierte sobre esta vergüenza nacional, es de bajar perfil, aunque
informan que se “investigará a fondo”, seguro hasta el “sub fondo del fondo”.
Qué cosas. El despelote
fiscal del gobierno lo efectúan sus propios funcionarios; la violación a la Constitución
y la institucionalidad los titulares del Ejecutivo y Legislativo, y el “fiestón
sexual” sus diplomáticos. Sin duda, hemos entrado al tiempo del “cuarto oscuro”
del poder que caracteriza a todo gobierno al ocaso de su gestión.
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