Trece en quince meses, ¿quién sigue?

La cifra es fría. En los últimos quince meses de gobierno del presidente Porfirio Lobo, un total de trece comunicadores sociales y personas afines a la comunicación social han sido asesinados, sin que a la fecha se conozcan las causas reales que llevaron a esos abominables crímenes.

Prorrateando ese número, podría decirse que en se lapso, cada mes un periodista ha sido asesinado en Honduras. El patrón en la mayoría de los casos obedece a ejecuciones a cargo de desconocidos que van dejando en cada muerte, una huella y un mensaje para identificar el patrón de conducta del sicariato.

Pero ello no parece conmover al Estado de Honduras, ni a su gobierno. Quince meses después la administración Lobo Sosa no puede seguir sosteniendo el discurso de “estamos investigando o vamos a investigar”, tampoco comienzan a calzar las hipótesis policiales de robo, acciones pasionales u otros, pero ninguno relacionado con el oficio de la profesión, como sostienen las autoridades para que la prensa no insista en el esclarecimiento de la verdad.

Y hasta cierto punto, lo han logrado. El periodismo hondureño está inmovilizado, temeroso de tanta inseguridad donde cada día la muerte de personas cae como lo hace la tala ilegal del bosque. ¿Quién será el próximo o la próxima? ¿Será del interior del país o de las ciudades urbanas? ¿Quién atentó y por qué en contra del gerente del diario La Tribuna? Muchas preguntas sin respuestas, solo el temor y la duda.

Cuando se dieron los primeros asesinatos de periodistas, bajo la actual administración, el presidente Lobo salió al paso al indicar que ello no corresponde a una política de Estado ni de su administración; hasta ahora lo hemos creído, pero ya no basta con eso.

Honduras fue a mediados del año pasado al Primer Examen Periódico Universal, EPU, por sus siglas en inglés, en Ginebra, Suiza. Se hizo un repaso a los derechos humanos y entre ellos resaltó la muerte de periodistas. La alharaca oficial porque el país había suavizado posturas fue enorme, se anunciaron grandes movimientos para esclarecer la muerte de colegas.

Pero ha pasado el tiempo y aún escuchamos que vendrán agentes del FBI de Estados Unidos para apoyar la labor investigativa de la policía; que contactan en Colombia para un apoyo similar, ignorando que ese país se encuentra inmerso en una revuelta de espionaje telefónico hacia actores claves, entre ellos periodistas, durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe. No sólo el Reino Unido sucumbe a las escuchas, también Bogotá.

Se informó que se había creado una Unidad Especial para esclarecer los crímenes de los periodistas y la comunidad gay lésbico, pero éstos, igual que los comunicadores, siguen muriendo sin un resultado coherente sobre su muerte. Pregunto, ¿funciona la Unidad? ¿Qué dice o hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?, disculpas, pero me siento “en el aire”.

Por si no lo sabe, el presidente Lobo puede enfrentar más problemas de alta percepción de impunidad y violación a los derechos humanos por el caso de los periodistas y la comunidad gay lésbico, que trascender por su interés de impulsar reformas políticas necesarias y vitales para el país, que se opacan ante la impunidad que impera en el tema vinculado a la prensa, la piedra angular de cualquier democracia.

Ojalá lo entienda el Señor Presidente, y acelere a sus funcionarios para que le den respuestas creíbles, no importa lo dolorosas que sean, no importa si caen las máscaras, pero mientras no se sepa las causas de los crímenes contra la prensa, el efecto intimidatorio hacia el periodismo persistirá, pero también la sensación de una administración perezosa que no abonará a la buena imagen y percepción de “reformador” con que piensa culminar su administración el gobernante Lobo Sosa.

Cercados

Así nos encontramos los hondureños, en especial la clase media, cada vez sentenciada a desaparecer y enfilar las filas de la pobreza, con la brutal tasa de impuestos aprobada demagógicamente en el Congreso Nacional, al amparo de un problema real que no se va a resolver con la maquinita de hacer dinero, sino con propuestas y respuestas inteligentes como es el tema de la inseguridad, la violencia y la narcoactividad.

La venta mediática para esa gama de impuestos a pagar, en donde parece que gravarán todo, hasta el respiro, es falso que toque a los grupos económicos y financieros de poder en este país. Para muestra un botón: el fin de semana se publicó en campos pagados, en algunos diarios, la determinación de un banco de fijar en su tarjeta de crédito las nuevas regulaciones financieras a partir de julio.

Pronto harán lo mismo las empresas de telefonía celular, los comercios y los productos alimenticios, en donde solo la medida de cinco libras de frijol se disparó en cuatro lempiras la última semana, mientras los salarios siguen estancados y el coste de la canasta básica hace tiempo que rebasó el famoso aumento al salario mínimo. Los empresarios fueron claros al afirmar que impuesto aprobado, impuesto trasladado al consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? ¡La clase media! Los pobres, esos apenas sobreviven con menos de dos dólares al día y así como va la cosa, ni ellos ni la clase media, podrá comprar siquiera una tortilla.

El “súper tasón” tributario como bien lo tituló diario La Tribuna, parece incorporar la recogida de todos los paquetazos que en los últimos años han querido aprobar distintos gobiernos, pero  les fueron bloqueados. Durante las sesiones del parlamento, los diputados no podían explicar de dónde y porqué salía cada nuevo aumento disfrazado; una que otra voz disonante advertía de los excesos pero la “aplanadora” fue arrolladora.

Como arrolladores fueron también los “grandes negocios” que la madrugada del viernes aprobaron los congresistas. Así se pegan botones, bajo el circo de la inseguridad los grandes negocios de grupos ocultos ligados a la clase política florecieron como por arte de magia en sintonía con la máxima de “Honduras, is open for business”.

Resulta irónico, pero dos ex presidentes de Honduras, uno liberal y otro nacionalista, expresaron su temor por el alcance de estas medidas, de efectos aún desconocidos pero que huelen a una especie de linchamiento del gobierno hacia la clase media. El ex presidente, Carlos Flores Facussé, publicó en el editorial del diario que dirige, muchas pistas de la voracidad aprobada, al tiempo que dejó entrever riesgos muy grandes para la ya frágil democracia y gobernabilidad hondureña.

Lo mismo hizo el ex presidente, Rafael Callejas, al advertir que no se puede seguir “castigando” a la clase media. Considerado, uno de los políticos más visionarios de los últimos tiempos, Callejas esta leyendo el país y sabe que cuando nadie lo espera, un “movimiento de indignados” de la clase media puede cambiar el rumbo de este país, y quizá no al juego riesgoso que apuesta el Gobierno, sino a una acción más demoledora. Ahí está el ejemplo argentino.

La clase media hondureña y la gente que trabaja honradamente y tiene sus ahorros para protegerse de eventualidades en salud o pérdida de empleo, ahora ya no estará tan segura con las medidas aprobadas. Sume a la condena, la faena diaria que viven cientos de hondureños, taxistas, empleados, obreros, entre otros, que tienen que pagar la extorsión de las pandillas, ese otro impuesto ilícito que cada vez se legaliza a vista y paciencia de la autoridad.

Sin duda, el gobierno está “cercando” a la clase media y para cuando diga ¡malaya!, será demasiado tarde.