El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, corrobora viejas sospechas: la infiltración del narcotráfico en la policía, entre ellos al menos diez oficiales. El designado presidencial, Víctor Hugo Barnica, va más allá de la denuncia al señalar que esos policías acompañan a los delincuentes en carros blindados para cobrar la extorsión, mal llamada “impuesto de guerra”. El Observatorio de la Violencia proyecta que Honduras podría cerrar el 2011 con una tasa de homicidios de 86 por 100 mil habitantes.
Pero estas denuncias y estadísticas se las lleva el viento, porque el país es un caos. Los menores y jóvenes siguen sin tener clases y todo indica que nadie gobierna en Educación y así cómo corre el agua parece que tampoco en el país. El presidente Lobo, en los últimos tres meses, pasa más tiempo fuera que dentro, mientras la nación se cae a pedazos. La realidad está rebasando la buena fe del mandatario.
La inseguridad parece no tener fin, solo repunte. La denuncia del ministro Álvarez y del designado presidencial Barnica junto a las proyecciones del Observatorio de la Violencia nos dibujan un país que nos resistimos a ver: violento y cooptado por el crimen y la corrupción.
En la región del Bajo Aguán, las aguas tampoco se calman. La zona sigue resguardada por los integrantes de “Xatruch II” y los campesinos ahora desconocen lo que firmaron con el presidente Lobo y el empresario Miguel Facussé. El Congreso espera que ese entuerto se componga para emitir un decreto que de un plumazo solucionará el problema, según asevera su presidente, Juan Orlando Hernández.
Los apagones están a la luz del día y el verano ni fue en extremo largo ni el invierno ha sido raquítico. El gerente de la ENEE responsabiliza al pasado como la excusa más fácil y sin tapujo advierte de más racionamientos y se monta en un avión para viajar a Kosovo, dizque para auscultar inversión energética en una nación con el mote de país con oscuridad permanente, por los problemas de energía que presenta. Pero Honduras va a negociar proyectos para que nos traigan la luz, al mejor estilo de la ciudad estadounidense de Las Vegas.
Lo anterior del lado gubernamental, pero el sector privado no se queda atrás. Por todo reniega y protesta. La empresa privada carece de un liderazgo claro que la lleve a proyectarse con una imagen menos avorazada de la que presenta. Todo indica que la crisis política de 2009 no ha sido aprendida por nadie, ni por políticos ni quienes nos gobiernan, ni por los empresarios, mientras el movimiento social sigue dando palos de ciego, ideologizado hasta los tuétanos sin ofrecer respuestas.
Y los hondureños comunes, en medio de esta disputa estéril. Vemos con dolor como asesinan a 20 personas diariamente, cómo la corrupción estatal es justificada e incluso como los narcotraficantes ocupan primeras planas cual si fueran héroes condenados “injustamente”.
La prensa registra los hechos pero no se atreve a proyectarlos, rebasada por la inseguridad y la violencia, donde más de una docena de comunicadores han sido asesinados sin que nadie diga pío. Si no fuera por esfuerzos fragmentarios de iniciativas ciudadanas que buscan contrarrestar la inseguridad, impulsar acciones positivas a favor del bosque, la educación y la cultura, las esperanzas sobre el futuro de Honduras, se perdieran.
Ojalá que la denuncia del ministro Óscar Álvarez no se quede en eso, en discurso. Que empiece la depuración en su casa, es decir, en la casa de la Secretaría de Seguridad, principal responsable de garantizarnos a todos nosotros la vida y la tranquilidad. De no ser así, el país se nos va de la mano y seguiremos acostumbrándonos a liderar no solo las cifras de la corrupción en Centroamérica, también de las muertes.
