Narco política

Fue en 1987 cuando un artículo del influyente diario estadounidense “The New York Times” denunció la infiltración del narcotráfico en la política hondureña a nivel del poder legislativo. Hubo hasta nombres de los presuntos “narco diputados” y el revuelo en la elite política ha sido como hasta ahora: rasgarse las vestiduras.

No recuerdo que al New York Times le hayan pedido fundamentar sus denuncias. Una década después, más de algún parlamentario fue implicado en ese delito, uno de ellos fue asesinado en las cárceles del país y otros fueron detenidos cuando representaban a Honduras en el Parlamento Centroamericano.

De reciente data, las elecciones primarias de 2008 presentaron hechos de violencia política electoral, algunos de los cuales se les sindicó por motivos relacionados con el dinero sucio del narcotráfico. Luego, reportes de prensa nacional e internacional registran la presencia de gobiernos locales cuyas autoridades habrían sido financiadas por el crimen organizado.

Y si se parte de los reportes especializados de las organizaciones civiles antidrogas y las agencias federales de Estados Unidos, se indica que en Honduras la penetración de los barones de la droga se la disputan remanentes de carteles colombianos y  carteles mexicanos, destacando el llamado cartel de Sinaloa y el grupo de Los Zetas. Ambos tienen sus “partes hondureñas” que luchan por la disputa de plazas territoriales.

Esta “colonización mexicana” de los carteles de la droga no es propia de Honduras. Cruza Guatemala, El Salvador, Costa Rica y se habla ya de una mínima presencia en sectores del atlántico de Nicaragua y el pacífico panameño. Es decir, se está frente a una avanzada que amerita de lecturas más profundas y estrategias más eficientes.

Pero el problema que representa la infiltración del narcotráfico en la política hondureña intenta ser desnaturalizado con acusaciones hacia quien tuvo el valor de poner en el debate público un problema que deberá ser abordado—les guste o no—en la agenda político-electoral y en la agenda del país.

El aspirante presidencial Mauricio Villeda ha sido quien ha llevado la voz cantante en la denuncia y la advertencia, sin que ello signifique, que su movimiento este curado de la posible penetración que estos grupos paralelos de poder hagan en su campaña. Nadie está curado, pero es obvio que llegó el momento en que los políticos de nuestro patio den señales claras de cómo atajar esta presencia con la rendición de cuentas en el financiamiento de sus campañas electorales, más allá de lo que les mande el Tribunal Electoral.

El mejor ejemplo fue el reciente descubrimiento de aportes del dinero sucio ligadas al crimen organizado en la campaña reeleccionista del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyos directores de campañas salieron al paso y devolvieron lo aportado tras conocer los informes de los cuerpos de inteligencia de ese país.

En el caso de Honduras, así como existe la corrupción, no significa que todos los hondureños sean corruptos. Como un problema institucionalizado, transversal, sistémico y estructural, la corrupción se nutre de aliados como el narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado, entre otros.

No debe extrañar, entonces, su sutil presencia hasta ahora en la política. El designado presidencial, Víctor Hugo Barnica, ha sido el segundo valiente que ha acompañado en su denuncia a Mauricio Villeda.

Barnica, quien es el coordinador del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, reveló que en una acción propia del cargo en la región de Iriona, en Colón, se vio forzado a bajar los vidrios de su auto para evitar ser ametrallado por los capos que controlan parte de esos territorios calientes de la droga en el país.

Luego señalo que en su zona de origen, en el occidental departamento de Copán, el tiene que presentar su identificación porque a cada rato se la piden, en cambio, los barones de la droga caminan resguardados.

Barnica no descarta la penetración del narcotráfico en la política e insinúa que a “vox populi” se señala que algunas precandidaturas de gobiernos locales de occidente estarían siendo financiadas por estos cuerpos ilegales.

Si bien es comprensible el malestar en sectores políticos y del congreso por estas denuncias que surgen con fuerza 25 años después de lo hecho por el The New York Times, más que darse golpes en el pecho, los legisladores y políticos deberían anunciarnos a los electores y el país en general formas creativas para evitar su penetración, sacudirse a quienes se sospecha estén permeados por esta ola delictiva y delincuencial que no distingue colores políticos, ni raza o religión.

Confiemos en que las próximas aseveraciones sobre el tema sea para elevar el nivel del debate, conocer sus propuestas y no distraernos en circos como el interminable partido de fútbol que desde hace tres semanas nos anuncia el gobierno, que ratos es goleado, luego empata, se anuncia el desempate y mientras la población sigue expectante, nadie sabe a ciencia cierta en que terminarán los “azos” en su administración.