La reciente publicación de la lista de morosos con el Estado por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) es un buen aliento de fin de año, que se suma a los pequeños pasos que desde diversos puntos del país se hacen a favor de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.
Desde que ejerzo el periodismo, un poco más de dos décadas, no recuerdo una institución pública que haya hecho algo como la DEI. Si una de las funciones del periodismo es ser el contrapeso para el control social de la gestión pública, justo es reconocer cuando algo desde el Estado se hace bien.
Todo indica que el director de la DEI, contra viento y marea, decidió hacer lo que sus antecesores nunca se atrevieron, por temor o cálculo, por falta de voluntad política o por negociaciones bajo la mesa, o sencillamente porque no lo consideraron relevante.
No es casual que desde que empezó a publicarse la lista de los morosos las amenazas a muerte o presiones para su despido sean cada vez más crecientes, y corresponde a las autoridades dar la seguridad y protección debida al funcionario, si éste considera que su integridad física está en riesgo.
Lo interesante de la publicación de la DEI es que ahora, ninguna institución pública, ni siquiera el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) podrá alegar que el “Nombre” de una persona o institución que recibe fondos públicos, es “dato personal confidencial”.
En el 2009, algunas resoluciones del IAIP, vinculadas a la petición de información sobre los beneficiarios de la Red Solidaria y los bonos que otorgaba el Programa de Asignación Familiar (PRAF), fueron denegadas bajo el argumento que el nombre es un dato personal confidencial, algo que en ninguno de sus artículos establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Si el nombre no es un dato personal confidencial, según la Ley de Transparencia, la vida particular e íntima de las personas sí lo es, pero si se trata de un funcionario público debe prevalecer al momento de revelar una información, lo que se conoce como “prueba de interés público”, a fin de determinar si el interés público por conocer la información es mayor que el privado.
Ejemplo, si X funcionario tiene cinco amantes, es su vida privada y a nadie le importa; pero si esas cinco amantes las mantiene con fondos públicos al emplearlas en dependencias del Estado y de remate ganan más salario que el personal más calificado con que el cuenta el gobierno, la información toma otro giro y se vuelve de interés público porque con dinero del pueblo se financian gustos exóticos. Ese es el sentido de la ley de acceso a la información pública, transparentar la gestión pública y dar seguimiento a las pistas del dinero público que eviten excesos y abusos de poder. Aplica también para los paracaidistas en los puestos públicos, por citar otro ejemplo.
La publicación de la DEI es un paso que permitirá desvirtuar aquel interés oscuro de sectores políticos por reservar el nombre de las personas como dato personal confidencial. Si usted tiene una empresa y vende sus servicios al Estado y éstos son legales ¿por qué no negarle acceso al público del contrato si usted recibe salario por un trabajo, y éste puede ser comprobado? Pero hay quienes buscan evadir la transparencia en la ley de acceso a la información bajo el argumento de la secretividad, una cultura permanente en Honduras que debe empezar a ser erradicada.
El otro fenómeno que nos muestra el dato de la DEI es el creciente interés público, por los asuntos de interés público vinculados al accionar del Estado. Las visitas al sitio web de la DEI han batido récord en la historia de esa dependencia gubernamental y en la de Honduras misma.
Ningún portal del gobierno ha tenido tantas consultas y visitas que registran un promedio de 100 mil, de todas partes del país y del mundo. No cabe duda que la Internet está revolucionando muchas cosas en el mundo del acceso a la información pública en Honduras. El reto para la DEI será mantener esa dinámica, así como abrir sus archivos para transparentar el uso y entrega de la publicidad oficial. Que así sea.
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