Un logro que Honduras, sin mezquindad alguna
debe reconocer al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, es la
extradición del primer hondureño designado por Estados Unidos como un
narcotraficante, en la figura del ciudadano Carlos Arnoldo Lobo, quien será
juzgado en ese país por supuestos delitos de crimen organizado.
La extradición de
Lobo y de otros que están en una lista pendiente, comenzó a cocinarse hace más
de tres años, cuando el entonces presidente, Porfirio Lobo y Juan Orlando
Hernández—en calidad de presidente del Legislativo-- fueron llevados en un
viaje relámpago a Estados Unidos a reunirse con personeros del Departamento de
Estado, quienes al parecer, pusieron las cartas sobre la mesa en materia de
lucha antidrogas en Honduras.
De ese viaje,
Honduras en menos de 24 horas, aprobó la reforma constitucional que permitía la
extradición de hondureños por los delitos de crimen organizado, terrorismo y
narcotráfico. Luego vino la petición de Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo por
parte de Washington.
Pasaron dos años
para que las autoridades hondureñas dieran con Lobo, considerado un
transportista de la droga de Sur a Norteamérica que como un experto marino,
conocía como la palma de su mano el movimiento de la droga por el mar Caribe,
según informes de las autoridades hondureñas y estadounidenses.
En ese ir y venir
en búsqueda de “El Negro” Lobo, que se asegura permaneció la mayor parte del
tiempo en Honduras, con escasas salidas a Panamá, en el poder judicial
comenzaban a aflorar las excusas de algunos magistrados para conocer el caso.
Salió también la necesidad de “reglamentar” la extradición y ante la presión de
Washington, más que la nacional, hubo que emitir un auto acordado como fórmula
legal para tratar el sensible tema de la extradición y los extraditables.
Los cuerpos
antidrogas dicen que en una ocasión tenían ubicado a “El Negro” Lobo y
solicitaron refuerzos para su captura, pero pasaron 40 minutos para que llegara
la autoridad y éste se dio a la fuga; de ahí que la estrategia cambiara en esta
ocasión, ante sospechas de fuga de información.
Cuando asumió el
poder, el presidente Hernández fue claro en señalar que aplicaría una política
de “cero tolerancia” al crimen organizado.
“Tengo muy claro
que cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad,
debe tener como eje fundamental el combate a la droga, el narcotráfico, el
crimen organizado y el lavado de activos. En consecuencia, cero tolerancia, así
como lo escuchan y punto”, dijo el presidente Hernández en un fragmento de su
discurso.
Propuso otras
cosas en seguridad que no las ha podido cumplir en 100 días ni en seis meses,
porque la realidad lo rebasa. Si usted revisa su discurso, sus promesas y la
realidad, se dará cuenta que el gobernante es víctima de su propia “camisa de
fuerza” porque en la dinámica de los acontecimientos en seguridad no siempre
caben las fórmulas matemáticas. No siempre dos más dos es cuatro en seguridad.
La violencia es errática y adquiere en Honduras, Guatemala y El Salvador,
niveles epidémicos, según recientes informes de la ONU y organismos
humanitarios internacionales.
Pero en el tema
de la extradición, el presidente Hernández ha sido más valiente que su
antecesor. Los responsables de la captura y custodia de “El Negro” Lobo
aseguran que el mandatario tuvo una postura firme de no claudicar ni aceptar
presiones de ningún tipo. Aseguran que les dejó trabajar sin entorpecer ni las
investigaciones ni el proceso.
El mandatario no
tenía tampoco otra salida, no había espacio para dar marcha atrás, por las
promesas del discurso y porque la embajada de Estados Unidos tampoco le dejaba
opciones. Una de las últimas declaraciones de la embajadora Lisa Kubiske, en el
sentido, que si la corte de justicia no aprobaba la extradición de Lobo, había
otras formas de llevárselo, fue el detonante para acelerar la salida del
hondureño.
Los atenuantes de
la defensa de “El Negro” Lobo en Estados Unidos son parte de otro capítulo que
aun no concluye. Aquí su defensa agotó todos los recursos legales habidos y por
haber, las ojeras de su abogado eran evidentes e hizo lo que tenía que hacer.
Cuando se produjo
la salida de “El Negro” Lobo, el presidente hondureño avistó un parte de aguas
en la historia de Honduras en materia de extradición. Sabe que el país entró a
una ruta de la cual le será difícil retroceder.
Y Estados Unidos
parece estar dispuesto a presionar no solo a Honduras, también a El Salvador,
al designar al primer empresario de ese país como narcotraficante en su lista
negra del Departamento del Tesoro. El Salvador que había negado en el gobierno
del ex presidente Funes la presencia del narco, se traga ahora su orgullo y
entra a una dinámica insoslayable en el triangulo norte de Centroamérica: el
desfile de los extraditables de los países más violentos del istmo
centroamericano.
Guatemala hace tiempo
entró en la ruta irreversible de la extradición, Honduras ha comenzado el camino
y El Salvador deberá sumarse, más temprano que tarde también. En el caso del presidente
hondureño, confiemos que siga firme en la lista de los extraditables que se deberán
ir. Ese mérito hay que reconocérselo y esperar que tenga lista la estrategia para
la reacción.
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