La Alianza por la Paz y la Justicia (APJ)
presentó su más reciente mirada al tema de la Seguridad en Honduras, en el cual
se desaprueba la gestión del presidente Lobo Sosa y se plantean enormes retos para
el gobernante electo, Juan Orlando Hernández, a quien piden el impulso de un
proceso real de depuración policial.
En su informe,
esta instancia de sociedad civil que avanza en la especialización del tema de
la seguridad ciudadana, atribuye a tres aspectos el fracaso de la
administración Lobo Sosa en materia de seguridad: falta de voluntad política en
la depuración y la reforma policial, limitadas competencias técnicas y poca
diligencia de las autoridades para empujar la depuración, y, falta de
coordinación entre la Secretaría de Seguridad y la DIECP.
A dos años de
haber estallado el peor escándalo en que se ha visto implicada la policía
nacional, la depuración policial sigue siendo una utopía. De acuerdo a la APJ
el órgano de control policial como es la Dirección de Investigación y
Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) no ha dado el ancho, se ha centrado
en la aplicación de pruebas de confianza dando prioridad al polígrafo y la
toxicológica, muchas veces violando el debido proceso, y dejando de lado aquellas
que pueden dar con la colusión de la policía con la criminalidad: las pruebas
patrimoniales.
La investigación
patrimonial no ha sido una prioridad ni de la DIECP ni de la Secretaría de
Seguridad, quizá por temor a tocar estructuras corruptas impunes que lejos de
ser sacadas, están siendo recolocadas nuevamente, aducen fuentes policiales.
Este dar de
tumbos de las autoridades de la Secretaría de Seguridad se enmarca, según la
APJ, a que carecen de un plan estratégico para depurar y la reforma del sector
de seguridad que se esperaba iba a despuntar en la administración Lobo Sosa
terminó en mucho ruido y pocas nueces.
En medio del
barullo, la política de seguridad del actual gobierno ha tenido una
característica que resalta muy bien en su informe la APJ: la discrecionalidad,
la opacidad y la falta de transparencia y rendición de cuentas, en donde el
ocultamiento de cifras y datos es la mayor brillantez de un gobierno que
prometió dar seguridad a la gente, pero 20 personas son asesinadas en forma
violenta cada día, según datos oficiales.
Se habla de
compras e hipotecas al amparo de la tasa de seguridad que no se sabe a ciencia
cierta sus fines, destacando como ejemplo la adquisición de cámaras de
seguridad que o no funcionan o no sirven para dar con los responsables de los
crímenes, como el caso de los jóvenes que fueron ejecutados cerca de los
mercados de Comayagüela, cuyo video dio la vuelta al mundo, arrancó promesas de
“investigación” a las autoridades pero el hecho sigue como al principio:
impune.De ahí que el
nuevo gobierno que tomará posesión el 27 de enero próximo, tenga el reto de revertir o agudizar lo malo
de la administración de su antecesor. Un sondeo de opinión hecho por la
Compañía de Jesús, destaca entre sus temores que la administración que inicia
“agudice” la inseguridad.
Pero también
resalta que la ciudadanía debe estar vigilante de la gestión pública, porque el
hondureño, pese a todo, siempre guarda esperanzas de un futuro mejor. La seguridad es una de esas esperanzas.
En este sentido,
la APJ fue lapidaria en las últimas líneas de su informe al demandar del
presidente electo el nombramiento de un titular en la Secretaría de seguridad
que sea “transparente, capaz, honesto, y sobre todo que tenga la voluntad de
transformar la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional para asegurar el
futuro de seguridad y paz que merece el pueblo hondureño”.
Es la aspiración
desde una mirada civil de la seguridad en una Honduras donde todo apunta a
imponer los colores verdes y moteados en ese desdibujar de la institucionalidad
y sus funciones, en un Estado que parece perdido de un tiempo a acá.
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