Los dilemas éticos del Periodismo

Judith Matloff es una destacada periodista estadounidense que labora en la Universidad de Columbia y tiene una amplia trayectoria como corresponsal de guerra. Recientemente impartió una charla a un grupo de periodistas mexicanos y centroamericanos sobre el manejo ético en la información y las imágenes.

Mostró diversas portadas de periódicos y videos en donde nos dijo se violaron códigos de ética profesional e incluso convenciones internacionales de derechos humanos. ¿Ustedes se preguntan el por qué el 11 de septiembre no se vieron en la prensa estadounidense portadas ni imágenes de los cuerpos destrozados de las víctimas?

Así inició Matloff su debate, mientras pasaba una foto emblemática que recorrió el mundo: la figura de una persona que se lanzaba al vacío desde lo alto de un edificio en un afán por salvarse, pero no lo logró. Nadie vio cómo quedó el cuerpo. No era necesario, la dimensión de la tragedia ya había sido captada.

Matloff dijo que al inicio varios medios estadounidenses fueron sorprendidos por el sensacionalismo al pasar imágenes grotescas, pero una fuerte protesta ciudadana de condena, les hizo reflexionar a todos y decidieron retirar todo ese material denigrante al derecho a la imagen y a la intimidad que tienen las personas.

Son los dilemas éticos que viven el periodismo y los periodistas al momento de trasladar una noticia. Si bien la gran prensa estadounidense y mundial no difundió imágenes grotescas en el caso de las torres gemelas, la historia fue otra con el asesinato del líder libio Muamar Gadafi.

Las portadas e imágenes del mundo se ensañaron con las escenas grotescas de captura y posterior ejecución. Había que dejar “evidencia” de su muerte, sin importar que se violara la Convención de los Derechos Humanos y las otras relacionadas con los prisioneros de guerra. Gadafi sentenció la prensa, era un “gran criminal” y el mundo tenía derechos a ver como “acaban los malos”. Hicieron uso del discurso propagandístico de guerra. Son los dilemas éticos de la prensa.

En su principio número 6, el Código Internacional de Ética de la UNESCO indica que los periodistas debemos el “Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre”, que incluye el respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad humana—en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación del otro--, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la insinuación maliciosa, son parte integrante de las normas profesionales del periodista.

Los códigos de ética, los manuales de estilo, los principios básicos del Periodismo son la brújula que guían a la prensa y sus periodistas. La búsqueda diaria de la noticia pone a prueba estos elementos. La prensa hondureña no está exenta. Las reglas del Periodismo son universales.

Sacudidos por los últimos acontecimientos trágicos en el penal de Comayagua y luego en los mercados de Comayagüela, la ciudad gemela de Tegucigalpa, en el periodismo hondureño se han destacado informaciones valiosas, relatos humanos conmovedores, pero también un exceso de amarillismo y sensacionalismo, historias inverosímiles como aquella de “perros comiendo carne humana” de los privados de libertad “a quienes se les vio salir más gordos”,  citó un medio de comunicación, en su mejor narración novelesca, cargada de irresponsabilidad.

Otros, en sus imágenes televisivas no mostraron más sangre porque no les ajustó el disco o la videocasetera. Y unos más, rompieron su propio manual de tratamiento de la información de violencia, enfrascados en una competencia insana de quién saca más sangre y vende más ejemplares. Pero también ha habido medios responsables que informan sin caer en los excesos, aunque ello no signifique que estén vacunados.

Vive así la prensa hondureña sus propios dilemas éticos. Los criterios de solución pasan por sus medios mismos. El periodista, como afirman los expertos en manejo ético de la información, no sólo es responsable ante la historia, es además, y sobre todo, responsable de la historia.

Javier Darío Restrepo, considerado el maestro de la ética periodística en América Latina, afirma que los periodistas no deben creerse tanto “el cuarto poder” que le otorgan quienes intentan lisonjearlos. El poder de la prensa, sostiene, radica en el derecho a la Palabra.

Ese derecho pasa por lo que denomina el poder de entrar a las conciencias de las personas, el poder de guiar y ser un educador informal, el poder de proponer; el poder de leer el futuro, el poder de inducir el futuro y el poder de contribuir a transformar la realidad.

Y citando a la Asociación Latinoamericana de Prensa, bien una responsabilidad vital de la prensa y los medios de comunicación: “ser responsable es tener conciencia del poder que uno maneja”. Al intentar responder en qué consiste ese poder, hay que abrirse paso, como en los jardines abandonados, por entre malezas que ocultan el tronco verdadero, cita Restrepo.

Prosigue: es maleza la idea de que el poder del periodista es para obtener privilegios, o para no hacer las filas que todo ciudadano debe hacer, o para entrar a cines y espectáculos con pase especial, o para llegar a las salas VIP de los aeropuertos. Nada de eso es poder sino una “repugnante ostentación de casta dominante, y el periodista no puede ser casta privilegiada”, sentencia.

Cada frase del maestro Restrepo son dilemas éticos que los periodistas debemos responder y enfrentar. Y frente a la crisis que vivimos y los riesgos que se vienen, es propicio abordar el tema de los conflictos  éticos en el periodismo.

Narco política

Fue en 1987 cuando un artículo del influyente diario estadounidense “The New York Times” denunció la infiltración del narcotráfico en la política hondureña a nivel del poder legislativo. Hubo hasta nombres de los presuntos “narco diputados” y el revuelo en la elite política ha sido como hasta ahora: rasgarse las vestiduras.

No recuerdo que al New York Times le hayan pedido fundamentar sus denuncias. Una década después, más de algún parlamentario fue implicado en ese delito, uno de ellos fue asesinado en las cárceles del país y otros fueron detenidos cuando representaban a Honduras en el Parlamento Centroamericano.

De reciente data, las elecciones primarias de 2008 presentaron hechos de violencia política electoral, algunos de los cuales se les sindicó por motivos relacionados con el dinero sucio del narcotráfico. Luego, reportes de prensa nacional e internacional registran la presencia de gobiernos locales cuyas autoridades habrían sido financiadas por el crimen organizado.

Y si se parte de los reportes especializados de las organizaciones civiles antidrogas y las agencias federales de Estados Unidos, se indica que en Honduras la penetración de los barones de la droga se la disputan remanentes de carteles colombianos y  carteles mexicanos, destacando el llamado cartel de Sinaloa y el grupo de Los Zetas. Ambos tienen sus “partes hondureñas” que luchan por la disputa de plazas territoriales.

Esta “colonización mexicana” de los carteles de la droga no es propia de Honduras. Cruza Guatemala, El Salvador, Costa Rica y se habla ya de una mínima presencia en sectores del atlántico de Nicaragua y el pacífico panameño. Es decir, se está frente a una avanzada que amerita de lecturas más profundas y estrategias más eficientes.

Pero el problema que representa la infiltración del narcotráfico en la política hondureña intenta ser desnaturalizado con acusaciones hacia quien tuvo el valor de poner en el debate público un problema que deberá ser abordado—les guste o no—en la agenda político-electoral y en la agenda del país.

El aspirante presidencial Mauricio Villeda ha sido quien ha llevado la voz cantante en la denuncia y la advertencia, sin que ello signifique, que su movimiento este curado de la posible penetración que estos grupos paralelos de poder hagan en su campaña. Nadie está curado, pero es obvio que llegó el momento en que los políticos de nuestro patio den señales claras de cómo atajar esta presencia con la rendición de cuentas en el financiamiento de sus campañas electorales, más allá de lo que les mande el Tribunal Electoral.

El mejor ejemplo fue el reciente descubrimiento de aportes del dinero sucio ligadas al crimen organizado en la campaña reeleccionista del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyos directores de campañas salieron al paso y devolvieron lo aportado tras conocer los informes de los cuerpos de inteligencia de ese país.

En el caso de Honduras, así como existe la corrupción, no significa que todos los hondureños sean corruptos. Como un problema institucionalizado, transversal, sistémico y estructural, la corrupción se nutre de aliados como el narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado, entre otros.

No debe extrañar, entonces, su sutil presencia hasta ahora en la política. El designado presidencial, Víctor Hugo Barnica, ha sido el segundo valiente que ha acompañado en su denuncia a Mauricio Villeda.

Barnica, quien es el coordinador del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico, reveló que en una acción propia del cargo en la región de Iriona, en Colón, se vio forzado a bajar los vidrios de su auto para evitar ser ametrallado por los capos que controlan parte de esos territorios calientes de la droga en el país.

Luego señalo que en su zona de origen, en el occidental departamento de Copán, el tiene que presentar su identificación porque a cada rato se la piden, en cambio, los barones de la droga caminan resguardados.

Barnica no descarta la penetración del narcotráfico en la política e insinúa que a “vox populi” se señala que algunas precandidaturas de gobiernos locales de occidente estarían siendo financiadas por estos cuerpos ilegales.

Si bien es comprensible el malestar en sectores políticos y del congreso por estas denuncias que surgen con fuerza 25 años después de lo hecho por el The New York Times, más que darse golpes en el pecho, los legisladores y políticos deberían anunciarnos a los electores y el país en general formas creativas para evitar su penetración, sacudirse a quienes se sospecha estén permeados por esta ola delictiva y delincuencial que no distingue colores políticos, ni raza o religión.

Confiemos en que las próximas aseveraciones sobre el tema sea para elevar el nivel del debate, conocer sus propuestas y no distraernos en circos como el interminable partido de fútbol que desde hace tres semanas nos anuncia el gobierno, que ratos es goleado, luego empata, se anuncia el desempate y mientras la población sigue expectante, nadie sabe a ciencia cierta en que terminarán los “azos” en su administración.

El primer paso

Tegucigalpa.  No fue fácil pero finalmente Honduras ha dado un paso para intentar revertir la ola de inseguridad que pasa por la colusión de la policía con el crimen organizado.

La muerte de inocentes, el dolor de miles de madres, parientes, amigos y esposas, junto a la valentía de una mujer que no entiende de medias tintas como es Julieta Castellanos, acompañada de un amplio respaldo social e internacional, entre ellos el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hicieron posible que el Congreso y el Poder Ejecutivo entraran de lleno al problema de la policía, máxime tras el retorno de la cita con personeros estadounidenses en Miami.

Al margen de las amenazas directas y veladas recibidas presuntamente desde la policía, donde la sensibilidad está a flor de piel, los legisladores no se intimidaron y aprobaron una acción trascendental para la seguridad ciudadana que de concretarse en espíritu y forma, nos dará esperanzas de que Honduras aun sea “recuperable”.

Tanto el presidente Lobo como el del Congreso, Juan Orlando Hernández, se fajaron en la fase final, hicieron lo correcto y lo oportuno. El decreto que acompaña la creación de la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública incluye una serie de controles democráticos en materia de seguridad que son alentadores.

Asimismo, los requisitos que deben llenar los integrantes de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública se salen de los tradicionales condicionantes con que se eligen ese tipo de cargos en este país. Ahí hay un buen filtro para la credibilidad y el trabajo intenso que se viene.

Compuesta por notables hondureños y extranjeros, esta Comisión certificará también la labor de la fiscalía y los tribunales de justicia, la otra cadena de colusión con la que muchas veces ha operado el crimen organizado en Honduras.

No será nada fácil. Los policías están incómodos y los fiscales también. Los jueces expectantes pero conscientes que estarán en la vitrina pública más de lo común. Pero, si el proceso de la policía se aplica con el tecnicismo y la rigurosidad que establece el decreto, el resto de los operadores de justicia no deben temer, en especial los que no tienen compromisos más que con la ley y la justicia.

Igual para los policías que los hay buenos y muy buenos. Cuando el ex oficial de policía, Saúl Bueso Mazariegos, explicaba el diagnóstico que efectuaron los colombianos a la policía nacional, uno no entiende cómo la seguridad de las personas estaba en manos de un ente tan contaminado y anárquico.

Bueso dijo que el divorcio entre la cadena de mando y los subalternos estaba lleno de “fracturas”, que los policías carecían de compromiso de servicio e identidad con la institución, que había una ausencia de liderazgo y que la corrupción era casi generalizada.

Y al caer en la investigación criminal, no tuvo tapujos en desnudar que ésta carece de ciencia y de técnica. Tanto policías como fiscales—dijo—trabajan en sus propias hipótesis, no aceptan otras, no hay continuidad en la investigación de los casos, no se verifica la información, en fin, no se aplica el rigor mínimo que exigen las técnicas investigativas.

Esa policía y esa fiscalía fue la que encontraron los expertos colombianos y lo plasmaron en su diagnóstico, hecho público en el congreso antes de aprobar la reestructuración policial que deberá culminar con una nueva policía, más confiable y más técnica y profesional dentro de tres años.

Los crímenes de Alfredo Landaverde y de Arístides González casi se encuentran en una “situación ínfima” de la investigación y en el caso de González, se indicó que el caso fue “congelado” por fiscales y policías en los últimos dos años. Vergüenza nacional.

De ahí que los integrantes de la nueva Comisión de Reforma no encontrarán un camino de rosas, deberán sortear muchas espinas, algunas venenosas, que apostarán por una Honduras impune, pero el pueblo, la sociedad y los periodistas, debemos cerrar filas porque el país se rescate, más allá de los miedos colectivos que intentan imponer los barones del crimen y sus cómplices. Este es solo el primer paso.