viernes, 22 de julio de 2011

Trece en quince meses, ¿quién sigue?

La cifra es fría. En los últimos quince meses de gobierno del presidente Porfirio Lobo, un total de trece comunicadores sociales y personas afines a la comunicación social han sido asesinados, sin que a la fecha se conozcan las causas reales que llevaron a esos abominables crímenes.

Prorrateando ese número, podría decirse que en se lapso, cada mes un periodista ha sido asesinado en Honduras. El patrón en la mayoría de los casos obedece a ejecuciones a cargo de desconocidos que van dejando en cada muerte, una huella y un mensaje para identificar el patrón de conducta del sicariato.

Pero ello no parece conmover al Estado de Honduras, ni a su gobierno. Quince meses después la administración Lobo Sosa no puede seguir sosteniendo el discurso de “estamos investigando o vamos a investigar”, tampoco comienzan a calzar las hipótesis policiales de robo, acciones pasionales u otros, pero ninguno relacionado con el oficio de la profesión, como sostienen las autoridades para que la prensa no insista en el esclarecimiento de la verdad.

Y hasta cierto punto, lo han logrado. El periodismo hondureño está inmovilizado, temeroso de tanta inseguridad donde cada día la muerte de personas cae como lo hace la tala ilegal del bosque. ¿Quién será el próximo o la próxima? ¿Será del interior del país o de las ciudades urbanas? ¿Quién atentó y por qué en contra del gerente del diario La Tribuna? Muchas preguntas sin respuestas, solo el temor y la duda.

Cuando se dieron los primeros asesinatos de periodistas, bajo la actual administración, el presidente Lobo salió al paso al indicar que ello no corresponde a una política de Estado ni de su administración; hasta ahora lo hemos creído, pero ya no basta con eso.

Honduras fue a mediados del año pasado al Primer Examen Periódico Universal, EPU, por sus siglas en inglés, en Ginebra, Suiza. Se hizo un repaso a los derechos humanos y entre ellos resaltó la muerte de periodistas. La alharaca oficial porque el país había suavizado posturas fue enorme, se anunciaron grandes movimientos para esclarecer la muerte de colegas.

Pero ha pasado el tiempo y aún escuchamos que vendrán agentes del FBI de Estados Unidos para apoyar la labor investigativa de la policía; que contactan en Colombia para un apoyo similar, ignorando que ese país se encuentra inmerso en una revuelta de espionaje telefónico hacia actores claves, entre ellos periodistas, durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe. No sólo el Reino Unido sucumbe a las escuchas, también Bogotá.


Se informó que se había creado una Unidad Especial para esclarecer los crímenes de los periodistas y la comunidad gay lésbico, pero éstos, igual que los comunicadores, siguen muriendo sin un resultado coherente sobre su muerte. Pregunto, ¿funciona la Unidad? ¿Qué dice o hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?, disculpas, pero me siento “en el aire”.

Por si no lo sabe, el presidente Lobo puede enfrentar más problemas de alta percepción de impunidad y violación a los derechos humanos por el caso de los periodistas y la comunidad gay lésbico, que trascender por su interés de impulsar reformas políticas necesarias y vitales para el país, que se opacan ante la impunidad que impera en el tema vinculado a la prensa, la piedra angular de cualquier democracia.

Ojalá lo entienda el Señor Presidente, y acelere a sus funcionarios para que le den respuestas creíbles, no importa lo dolorosas que sean, no importa si caen las máscaras, pero mientras no se sepa las causas de los crímenes contra la prensa, el efecto intimidatorio hacia el periodismo persistirá, pero también la sensación de una administración perezosa que no abonará a la buena imagen y percepción de “reformador” con que piensa culminar su administración el gobernante Lobo Sosa.